Por: Heinz Dieterich
Fuentes confiables del alto gobierno boliviano, que pidieron el anonimato, revelaron que el primer intento de golpe de Estado contra Evo Morales está planeado para este miércoles, 11 de octubre. El uso de francotiradores en la matanza de Huanuni, que causaron siete muertos, indica la participación de los golpistas en los disturbios mineros. Militares chilenos estarían involucrados en la conspiración.
1. Buscando Generales matones
Hace algunas semanas, oficiales de la policía boliviana se acercaron a generales de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB), investigando su disposición para dar un golpe de Estado conjunto. Tal como sucedió en el caso chileno con el General constitucionalista René Schneider, y en Venezuela con el General Raúl Baduel, también en Bolivia uno de los militares claves para el éxito de la asonada, se negó a participar e informó al Presidente. Ahora siguen los preparativos sin él. Y siguen los anuncios en la radio que elogian al “ejército patriótico que mató al Che Guevara y la subversión”.
Los militares nunca dan un golpe de Estado en el aire, me dijo hace siete años el amigo, General Alberto Mueller Rojas, hoy día, miembro del Estado Mayor Presidencial de Hugo Chávez. Es esta lógica que se observa desarrollar actualmente en Bolivia. Todo un bloque conspirativo compuesto por diferentes fuerzas sociales y estatales trabaja aceleradamente para acabar con el Presidente Evo Morales.
2. La conspiración institucional
Los prefectos (gobernadores) de los Estados energéticos y separatistas Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, promueven la conformación de los llamados “Comités Civiles”, que son las cabezas de lanza de la subversión política visible. Tanto los prefectos como los comités cívicos han entrado en franca rebelión contra el gobierno constitucional de Evo Morales, al declarar que “no acatarán la Constitución Política del Estado emergente de la Asamblea Constituyente, en caso de que esta no sea aprobada en todos sus artículos por los dos tercios de votos” de los constituyentes. Advierten avanzar en las “autonomías departamentales”, si no se cumple esa condición suya.
Cuentan, por supuesto, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ---tan reaccionaria y corrupta como sus demás homólogos burgueses en el mundo--- que le proporciona a la insubordinación la apología del delito.
Ante la reciente declaración de la Asamblea Constituyente de considerarse “originaria, plenipotenciaria y funcional”, es decir, no restringida en su construcción del nuevo Estado por la normatividad existente, los magistrados sostienen la posición de los prefectos facciosos. Dictaminan que según el derecho constitucional el poder de la Asamblea Constituyente no es “originario-fundacional” sino “derivado-reformador” y, por lo tanto, subordinado a la legislación vigente que exige los dos tercios de los votos.
3. La conspiración social
Los comités civiles cuentan con el financiamiento de sectores empresariales y la colaboración de altos oficiales de la policía, por ejemplo, coroneles. Sus actos son inflados y promulgados por los medios de comunicación privada, muchas veces con los patrones de la propaganda fascista que se usan en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez. Algunos de los más importantes medios están en manos de magnates capitalistas con fuertes inversiones agrícolas en las provincias separatistas y que temen la reforma agrícola del gobierno.
En lo social, las asociaciones de padres de familia ---por lo general reaccionarias y controladas por la Iglesia en América Latina--- en alianza con sectores del magisterio y los colegios y universidades privadas promueven paros, bloqueos y manifestaciones contra el gobierno. Sectores energéticos tratan de generar escasez de diesel y gasolina, a fin de producir malestar entre la población.
4. El modelo de Chile
Al igual que en Chile, los transportistas tienen la función de quebrar la economía y la paz pública con un paro nacional, convocado para el miércoles de la próxima semana, con la intención de hacer confluir todos los sectores anti-gubernamentales en un gran frente desestabilizador.
Refiriéndose explícitamente al paro subversivo de los transportistas chilenos contra Salvador Allende (1972), financiado por la CIA estadounidense, Evo Morales calificó hace tres días al paro boliviano como un paro “ideológico”: “Es la lucha del poder”, dijo el líder popular y dejó claro lo que está en juego: “o los grupos gamonales (elite, H.D.) , o los movimientos populares”.
Tiene toda la razón Evo, como revelan los documentos del Church Committee (1976) y las recientes memorias del líder militar de la organización fascista chilena “Patria y Libertad”, Roberto Thieme, sobre su colaboración subversiva con la Marina de Guerra y los transportistas chilenos en la destrucción del gobierno de la Unidad Popular.
5. El costo político de Huanuni
Aprovechando el enfrentamiento armado entre cooperativistas y asalariados mineros en Huanuni, Departamento de Potosí, que ha dejado alrededor de quince muertos y más de cien heridos, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se desplazan peligrosamente hacia este frente desestabilizador y antagónico al gobierno, mientras la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (Fencomin) rompió su alianza política con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno.
El conflicto de Huanuni es de origen económico. Se produjo por el intento de unos cuatro mil cooperativistas mineros de la Fencomin, clientela del Ministro de Minería Walter Villarroel, de quedarse con la explotación de la más rica mina de estaño de Bolivia, Posokoni, expulsando de manera violenta a unos mil mineros asalariados de la empresa estatal COMIBOL.
La Fencomin es una organización pequeñoburguesa depredadora que bajo los débiles gobiernos de Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé se convirtió en un poder económico y político expansionista y antiético. Ya en mayo y junio del 2004, tomó las minas de Caracoles y Colquiri, desalojando por la fuerza a los mineros estatales y sus familias.
El gobierno de Evo fue sorprendido por la violencia en Hunani. Y ante la disyuntiva de matar a mineros con las Fuerzas Armadas, por una parte, o de ser acusado de “negligencia” y “ausencia del Estado”, por otra, pasaron alrededor de 30 horas de respuesta energética, que se convirtieron en una bonanza propagandística y política para la derecha. Esta aprovechó al máximo su hegemonía en los medios de comunicación y, muy semejante a la manipulación mediática durante los días del coup d´etat en Venezuela (2002), ha golpeado incesantemente al gobierno.
6. La Falange internacional
En Bolivia se sigue minuciosamente el manual de la subversión estadounidense. La máquina facciosa es lubricada con dinero, patrones propagandísticos y programación política-paramilitar por el imperialismo estadounidense que después del 11 de septiembre, 2001 puso a Evo Morales en la lista negra que usan las fuerzas de seguridad de Estados Unidos para rastrear a “terroristas”.
Los cómplices de la Unión Europea y las transnacionales energéticas complementan la falange subversiva. “BP-Tony”, Primer Ministro británico y agente político de la British Petroleum, ha instigado a las empresas energéticas del Reino Unido que no inviertan en el gas de Bolivia.
Lo que Tony Blair hace en lo oscurito de Downing Street 10, la transnacional brasileña-internacional, Petrobrás, lo hace con obscena transparencia. Administrada, de hecho, por los banqueros de Wall Street y la City en Londres, ha desplegado una actitud depredadora y neocolonial frente a Bolivia y los demás países latinoamericanos, que hace palidecer el comportamiento de algunas otras transnacionales occidentales. A semejanza de la Repsol, y antes PdVSA, es esencialmente una fachada para la penetración de la petrocracia y el capital financiero anglo-estadounidense, con una despiadada política neocolonial, que requiere urgentemente la organización de un boicot de todos sus productos en toda América Latina, para quebrar su parasitaria tecnocracia chovinista-imperial y, también, para fortalecer a Lula.
La desaparición forzada de Jorge Julio López en Argentina evidencia de nuevo una ominosa verdad, que la opinión pública latinoamericana no quiere escuchar y, mucho menos, reconocer: que el poder de las oligarquías criollas sigue intacto en toda Sudamérica. Y que, como escribí en un artículo anterior, no ha sido tocado ni será tocado seriamente por los gobiernos desarrollistas de la región.
Parte esencial de este poder son los militares y las redes continentales del terrorismo de Estado de Washington, que en muchos casos son las de la “Operación Condor”. El reciente intento de asesinato del Presidente Chávez en el Zulia, en el cual el sicario logró escapar a Colombia, al igual que la participación de militares chilenos en reuniones de los conspiradores bolivianos, evidencia este escenario.
Chile tiene, por supuesto, un vital interés en mantener el suministro del gas boliviano a precios bajos, interés contra el cual atenta, como en el caso de Petrobrás y Repsol, la política de Evo de recuperar las condiciones de comercialización de los hidrocarburos nacionales.
7. Abortar el golpe de Estado
Todos quieren remover al “indio” Evo que perturba los negocios, al igual que al “negro” Chávez en Venezuela. Para Chávez, después del golpe militar fracasado, el medio de “remoción” seleccionado es el veneno o el accidente. En Bolivia, los gamonales y sus padrinos imperiales coinciden en que un golpe militar podría ser el medio adecuado. Solo que un golpe militar, como dice el amigo Mueller Rojas, no se puede dar en el “vacío”. Lo que vemos en Bolivia es el intento de la derecha mundial, de llenar este vacío.
Pero, el golpe militar es como el asalto bancario: solo tiene exitoso si conserva el momento de la sorpresa. Este momento lo han perdido los subversivos bolivianos. Es un deber ético divulgar su proyecto golpista de la manera más amplia posible, para abortarlo.
Hoy, más que nunca, la Revolución boliviana necesita nuestra solidaridad mundial.
