Eduardo Tamayo G.
Entrevista con Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
El panorama de los pueblos indígenas colombianos es desolador. Ellos son los principales afectados por el conflicto armado que es de vieja data y no tiene visos de solución. Dieciocho pueblos indígenas están en peligro de extinción, solo en lo que va del año han sido asesinados 70 indígenas, en tanto 5.600 han sido desplazados de sus resguardos. Esta grave situación humanitaria ha concitado la atención internacional. Desde el 19 al 29 de septiembre, una Misión Internacional de Verificación visitará Colombia con el objetivo de constatar la situación de violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario de los pueblos indígenas. La Misión, compuesta por delegados y delegadas de al menos ocho países europeos, Estados Unidos y América Latina, se desarrollará en cinco pueblos y regiones cuyas situaciones son emblemáticas para la lucha indígena: los nasa del Cauca, embera katío del Alto Sinú (Córdoba), kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar), u'wa de Arauca y nukak makú de Guaviare.
Luis Evelis Andrade, indígena embera y presidente de la ONIC, en la siguiente entrevista, habla de las nuevas amenazas que se ciernen sobre los indígenas colombianos y demanda un papel más activo de Naciones Unidas, la sociedad civil y de los pueblos indígenas “a fin de atacar las causas que han originado esta crisis humanitaria, evitar y detener el etnocidio del que hoy somos víctimas”.
- En el segundo mandato del Presidente Alvaro Uribe, ¿Cómo les está yendo a los pueblos indígenas?
Realmente el panorama para los pueblos no es nada alentador, es un panorama que genera mucha preocupación dado que Uribe tiene un 70 por ciento en el Congreso, y el ha planteado una serie de reformas legales, todas tienen que ver con el tema territorial y con el acceso a los derechos que los pueblos indígenas ya hemos conquistado en la Constitución de 1991 y en distintas leyes, gracias a nuestro proceso de lucha y resistencia. En este momento está cursando en el Congreso un proyecto de Ley presentado por el Gobierno que se llama Ley de Desarrollo Rural, en él se plantea no crear más resguardos indígenas, reducir el tiempo de la prescripción sobre los derechos de los territorios en el campo. Y nosotros vemos esto como un peligro, porque la historia nos ha mostrado que cada vez que los terratenientes y algunos sectores económicos han querido apropiarse de la tierra, han impulsado procesos de guerra, de persecución al campesinado con el pretexto de que son colaboradores de la insurgencia. Y tenemos preocupación, porque nosotros los indígenas tememos que podamos ser desplazados masivamente de nuestros territorios bajo la estrategia de combatir a la guerrilla y el narcotráfico, y que pasados cinco años las comunidades que no regresen pierdan sus derechos. Además existe un proceso de criminalización de la protesta social, nosotros hemos realizado varias movilizaciones, y antes de que salgamos a marchar pacíficamente nos han acusado de ser guerrilleros, de que nuestras marchas están infiltradas por las FARC para deslegitimar toda nuestra lucha.
En peligro de extinción
De otra parte, realmente no existe una política de Estado tendiente a garantizar la pervivencia y los derechos de los pueblos indígenas, tenemos más de 18 pueblos en peligro de extinción. En el gobierno de Uribe que acaba de pasar y en este nuevo que comienza, la violación a los derechos humanos se han incrementado, solo en lo que va de este año llevamos más de 70 asesinatos de indígenas, registramos más 5.600 desplazados, tenemos muchos indígenas en situación de confinamiento, porque los actores armados no los dejan salir. La insurgencia no los deja salir porque los señala de ser colaboradores de los paramilitares, pero a la vez la fuerza pública les restringe la entrada de medicamentos y alimentos bajo la acusación de que lo que llevan es para la guerrilla.
- Entonces, siguen los indígenas entre dos y tres fuegos…
En muchas ocasiones así sucede, pero sabemos que la guerra se está impulsando para controlar el territorio y acceder con mayor facilidad a los recursos naturales y evitar que haya unas comunidades organizadas que reclamen derechos.
En respuesta a esta situación, entre el 20 y 30 de septiembre estamos impulsando la realización de una Comisión Internacional de Verificación con más de 20 representantes de la comunidad internacional, de ONGs, tal vez con el acompañamiento de las Naciones Unidas. El propósito es hacer una evaluación del estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del relator especial sobre derechos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas; vamos a visitar 4 regiones, vamos a desarrollar un foro nacional el 28 de septiembre.
- ¿Cuáles son los objetivos de esta Misión de Verificación?
La idea es a partir de allí levantar un informe y hacer un trabajo de incidencia en Estados Unidos y en Europa. La Misión tiene como objetivos: uno, hacer una evaluación del listado del cumplimiento de las recomendaciones que ha hecho el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas; dos, visibilizar toda nuestra problemática y tres, constituir, a partir de esta Misión, un equipo de observadores permanentes de la situación de derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Esperamos que se sumen una serie de intelectuales, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La idea es también ir generando las condiciones para hacer una sección del Tribunal de los Pueblos sobre el Genocidio en Colombia, también mostrar la realidad de algunos pueblos en riesgo de extinción que amerita que el gobierno defina una estrategia para que estos pueblos puedan seguir viviendo, y de otro lado para señalar que la guerra se da en nuestros territorios no porque seamos subversivos o paramilitares, la guerra se desarrolla porque obedece a una lógica de expropiación de nuestros territorios, de saqueo a nuestros recursos naturales, en lo cual están muy comprometidas las multinacionales.
- Desde el punto de vista indígena, ¿cómo ve el proceso de paz con los paramilitares?
Es un proceso de paz que va a dejar un sabor muy amargo para los colombianos, porque el proceso de paz no puede circunscribirse solo a que se desmovilicen solos unos grupos aparentemente, porque ellos siguen teniendo el control político, el control territorial, el control administrativo donde quiera que han funcionado. Y también siguen intimidando a los sectores para que dejen de reclamar sus derechos: Este es un proceso que no se ajusta a los criterios de justicia y reparación, porque todos conocemos a todos los comandantes de los paramilitares, son reconocidos y ya hablan en público, pero no hemos podido saber quiénes estuvieron detrás de esta empresa de muerte contra los campesinos e indígenas que fueron masacrados y asesinados, quiénes patrocinaron, desde los sectores económicos y políticos esos crímenes de lesa humanidad, que en este proceso de paz buscan ocultarlos totalmente.
Ni verdad ni reparación
En este proceso de paz tampoco hay reparación, porque lo que observamos es que los victimarios están siendo mejor tratados e indemnizados que las víctimas, porque la población desplazada es víctima del paramilitarismo y de la guerra en general, de la confrontación, y ahora, en este proceso de paz, la Comisión de Reparación no los tiene como víctimas centrales sino que ha hecho una gradación de víctimas, y ellos están en el último escalón. Con ello, no están dando un mensaje de que en este país van a seguir desplazando y cada vez que quieran apropiarse de las tierras se crean grupos paramilitares. Entonces no va haber reparación real ni se va a decir la verdad, primero tiene que decirse la verdad para que la gente pueda aceptar y pacificarse. Se plantea que el proceso de paz implica un sacrificio para a gente, pero ser siempre el sacrificio de las víctimas y las prebenda y los beneficios para los victimarios. Sacrificarse no quiere decir que ocultemos la verdad y que no sepamos qué pasó con nuestros muertos y desaparecidos. Y el otro, el tema de la justicia. Este proceso de paz busca, a nuestra manera de ver, generar las condiciones para que los paramilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad y que han estado asociados al narcotráfico, no vayan a ser llamados a juicio por la Corte Penal Internacional y que no sean extraditados, por el tema del narcotráfico, a Estados Unidos. Esa es su preocupación central, lo demás no les preocupa, ellos saben que todo el mundo también sabe que ellos fueron los que mataron, los que masacraron a tanta gente, y que eso a la hora de la verdad no lo van reparar. Nosotros hemos señalado que el Presidente Uribe y su gobierno en general están ayudando a los paramilitares a resolver el tema de la extradición.
- ¿Cómo ve el proceso de suscripción del TLC con Estados Unidos, cómo repercutirá en los pueblos indígenas?
Aunque algunos dicen que nosotros estamos viendo fantasmas, que estamos haciendo discursos populistas, que nosotros no tenemos razón cuando decimos que el TLC no va a perjudicar, nosotros seguimos reafirmando que sí. Primero porque hay una cláusula de salvaguarda que nosotros no la conocemos, ¿por qué no nos la dicen?, parece el proceso de paz con los paramilitares. Dos, no creemos que el proceso de entrega y desactivación del campo no vaya a tener consecuencias para los indígenas, no creemos que no vaya a tener consecuencias el tema de propiedad intelectual y el acceso de los recursos genéticos; no tenemos claridad qué ha pasado ahí, y si no tenemos claridad cómo vamos a pensar que están garantizados nuestros derechos. De otro lado, el TLC requiere, para su materialización, la construcción de grandes obras de infraestructura que van a afectar nuestra territorialidad, megaproyectos como hidroeléctricas, el acceso al conocimiento tradicional y va afectar nuestros derechos. Y de otra parte, se va afectar la soberanía nacional y los indígenas también vamos a ser afectados. El gobierno ya negoció el TLC, nosotros teníamos mucha esperanza de que en el Congreso se pudiera dar un rediccionamiento, unos condicionamientos, pero en un panorama en el que Uribe tiene más del 70 por ciento a su favor, es muy complejo para nosotros.
- Los indígenas continúan, sin embargo, en un periodo de resistencia…
Hay muchas amenazas, pero también muchas resistencias. Es un período que llama a la unidad, al fortalecimiento de nuestras organizaciones, a defender lo que es nuestro, a buscar alianzas con otros sectores, con otras organizaciones indígenas en este caso de la Comunidad Andina, pero también a aunar esfuerzos con campesinos. Ojalá la represión no sea tan fuerte que permita que los pueblos podamos, por lo menos, dejar constancia de que hemos querido defender la dignidad de nuestra gente.
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