Wooldy Edson Louidor/AlterPresse
Chèrche lavi detwi lavi
(Buscar la vida destruye la vida)
Proverbio haitiano
ALAI AMLATINA, 11/01/2007, Puerto Príncipe.- El 11 de enero del 2006, 25 migrantes haitianos murieron por asfixia mientras viajaban clandestinamente en una furgoneta al interior de la República Dominicana.
Después de un año, ¿cuáles son los avances y los retos para luchar en contra de la delincuencia binacional organizada (haitiano-dominicana), especialmente contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de seres humanos?
Los antecedentes de la tragedia y los sucesos ocasionados por ella
El viaje clandestino, que causó la tragedia del 11 de enero del 2006, había sido organizado por traficantes haitianos y dominicanos al norte de la frontera haitiano-dominicana (Ouanaminthe-Dajabón). Desde este punto fronterizo, un total de 69 indocumentados haitianos fueron introducidos en una furgoneta herméticamente cerrada.
A pesar de los esfuerzos desesperados de esos migrantes que golpeaban en la parte de atrás de la furgoneta en el transcurso del viaje cuando ya les empezaba a faltar el aire, el chofer no paró el vehículo. Cuando, por fin se detuvo en Navarrete, localidad de la provincia de Santiago ubicada en la zona del Cibao, 24 de sus pasajeros ya habían muerto por asfixia. Otro murió un rato más tarde en un Hospital en Santiago, la segunda ciudad de la República Dominicana.
El día después de la tragedia, 12 de enero del 2006, el gobierno dominicano decidió enterrar los restos de los 24 migrantes haitianos en Ouanaminthe. Con el beneplácito del gobierno provisional dirigido por el presidente Boniface Alexandre y el primer ministro Gérard Latortue, las autoridades dominicanas enviaron al cementerio de esa ciudad fronteriza haitiana un camión que transportaba los cadáveres de los 24 indocumentados. Dicho camión fue escoltado por los cascos azules de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).
La población de Ouanaminthe se opuso a que los cuerpos sin vida de sus compatriotas fueran inhumados en esas condiciones que consideró como “irrespetuosas e inaceptables”. Organizaciones de derechos humanos, asociaciones comunitarias, iglesias (católica y protestantes), escolares, estudiantes, comerciantes, ciudadanas y ciudadanos, se manifestaron delante de la puerta principal del cementerio con el fin de impedir el acceso del camión.
Los manifestantes pedían a los dos gobiernos que respetaran la dignidad humana de esos 24 ciudadanos haitianos, que habían sido torturados y cuyos despojos no debieran ser echados a una fosa común. Exigieron también que las autoridades de ambos países realizaran una seria investigación para arrestar, juzgar y castigar a los autores haitianos y dominicanos de esa tragedia. Señalaron que entre esos últimos figuraban “buscones” (nombre dado a los traficantes), militares, agentes migratorios y otras autoridades dominicanas implicadas en las redes de tráfico.
En el momento de la protesta, se produjo una fuerte tensión entre manifestantes y cascos azules que acabó con la vida de Chrismane Pierre, un joven de 17 años, y cobró otras víctimas dentro de la población civil de Ouanaminthe. La resistencia de los manifestantes obligó al chofer que conducía el camión lleno de cadáveres, a las autoridades locales haitianas y a las fuerzas del orden (policías y cascos azules) a dar marcha atrás. Por fin, las autoridades dominicanas tuvieron que enterrar a los cadáveres de los 24 migrantes en una fosa común en un cementerio cercano a la población de Dajabón.
La tragedia del 11 de enero del 2006 puso fin a la vida de 25 indocumentados haitianos que, sin embargo, iban “en busca de la vida”. También ocasionó el asesinato del joven Chrismane Pierre. Pero dio lugar a una lucha por el respeto de la dignidad humana.
Un año después de la tragedia
Un año después de la tragedia, ¿en qué punto está la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes? ¿Cuáles son los resultados de los exámenes de las balas destructoras de la vida de Chrismane Pierre que habían sido realizados al exterior de Haití por especialistas de la balística? ¿Qué seguimiento la Justicia haitiana ha dado a ese homicidio?
El primer aniversario de la muerte de los 25 migrantes haitianos en República Dominicana ofrece la ocasión de plantear esas preguntas a las autoridades de ambos países, específicamente a los responsables de los aparatos judiciales respectivos. Algunas ciudadanas, ciudadanos y representantes de organizaciones e instituciones en las dos sociedades, sobre todo los organismos de derechos humanos, llegan a calificar de “laxista” la actitud de los dos gobiernos para con las redes de traficantes que operan a lo largo de la frontera haitiano-dominicana.
Esta conmemoración subraya una vez más la necesidad y la obligación que tienen los dos Estados de cooperar para tomar medidas enérgicas en contra de la delincuencia binacional organizada, particularmente contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de seres humanos. En este contexto, el relanzamiento de la Comisión Mixta Bilateral Haitiano-Dominicana, que fue anunciado por el embajador haitiano en Santo Domingo, Fritz Cinéas, se ha visto como una prioridad “binacional” para que los dos Estados retomen las negociaciones sobre temas bilaterales y de cooperación en general.
El Parlamento haitiano está igualmente llamado de manera urgente a legislar contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de seres humanos, tomando disposiciones destinadas no sólo a castigar a los organizadores de los viajes irregulares (traficantes y tratantes), tal como lo estipula el Decreto del 17 de noviembre del 1980 sobre “Los viajes irregulares”, sino también a prevenir ambos problemas, proteger y asistir a las víctimas, especialmente mujeres, niños y niñas.
Por otro lado, el gobierno haitiano se enfrenta cada vez más al reto de implementar programas, políticas y estructuras orientadas a prevenir, o por lo menos a reducir la migración irregular creciente de sus ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más pobres, hacia República Dominicana.
Esta estrategia de prevención tendrá que ofrecer a los y las migrantes reales y potenciales alternativas concretas, por ejemplo: empleos, servicios sociales básicos (salud, educación, agua potable), infraestructuras (carreteras, electricidad) y un clima de estabilidad y seguridad.
