Evo Morales, presidente de Bolivia desde enero de este año, está confrontado a resolver a corto plazo un proceso jurídico que heredó de los gobernantes anteriores. La solidaridad boliviana y la internacional se multiplican hacia los procesados.
10 de abril del 2003. Un operativo policial de grandes proporciones acompañado por periodistas “invitados” por el Gobierno, detiene en la capital boliviana a Francisco “Pacho” Cortés, dirigente campesino colombiano que acababa de llegar exilado al país. Como parte de ese mismo “caso” son detenidas varias decenas de personas, en su mayoría activistas campesinos bolivianos, muchos de ellos militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). El MAS, fuerza política liderada por Evo Morales, en ese momento en la oposición, se encontraba a la cabeza de algunas de las principales movilizaciones sociales contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
Entre otras acusaciones contra Cortés, Carmelo Peñaranda, Claudio Ramírez, y demás colegas: terrorismo, actividades subversivas, tráfico de drogas. Tal como señalan los imputados, era un momento de una alta tensión social en el país y el Gobierno intentó con este caso “crear un show mediático” para deslegitimar la protesta. Al decir de la red mundial Vía Campesina, “se buscaba criminalizar las luchas” y a los dirigentes que combatían las políticas neoliberales del Gobierno.
“Soy un perseguido político”
La historia desde entonces está llena de dolor. “Estuve preso con otros compañeros casi tres años. En febrero del 2006 fui liberado, pero con condiciones”, subraya Francisco Cortés en entrevista telefónica.
“No puedo salir de La Paz, ni siquiera del Alto sin autorización especial. Se me ha prohibido concurrir a manifestaciones políticas. Hemos debido pagar una fianza - de cerca de 7 mil dólares estadounidenses- y debo presentarme una vez por mes a firmar en el tribunal”, explica Cortés.
Una situación insostenible agravada por los problemas “heredados de la cárcel. Entre ellos la salud resquebrajada y una situación económica familiar dramática”, precisa. Por todo eso, “me sigo considerando siempre como un perseguido político”. Con el riesgo creciente que en el momento en que la justicia se pronuncie este mes de julio sobre el caso, caigan pesadas condenas sustentadas en pruebas montadas y en un proceso jurídico irracional. “Más de tres años y no se ha iniciado el juicio oral; cuatro de los fiscales que veían la causa fueron despedidos por incapacidad…”. Ejemplos de las múltiples aberraciones jurídicas, insiste el dirigente colombiano.
“Actualmente estoy viviendo en la Casa del Migrante, que es un proyecto de la iglesia católica a través de la Pastoral de Movilidad Humana” señalaba Pacho Cortés en una carta pública donde enumera la compleja situación post-cárcel que afronta todavía hoy. “Me mantengo allí porque mi seguridad tampoco está muy bien y ahora no sólo me tengo que cuidar de la cárcel sino también del cementerio porque como están las cosas el imperialismo norteamericano quiere continuar justificando la presencia del narcoterrorismo en Bolivia a costillas mías…y por eso tengo que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto”.
Por otra parte, insiste Cortés, “estoy recuperando un poco la salud, porque salí bastante mal de la cárcel. Especialmente la vista porque no tuve durante mucho tiempo ejercicio de larga visión”. También padece de mucha debilidad y se encuentra mal físicamente a nivel general. “Ya que durante 13 meses no hice ningún ejercicio…”
“Es imprescindible una solución política”
De cara al futuro, lo esencial es resolver “nuestra situación de fondo”, anticipa Cortés. Somos perseguidos políticos, nuestra causa es política y por lo tanto la solución también debe ser política.
De esta forma se han expresado recientemente más de 150 organizaciones sociales de Bolivia. Exigen que el gobierno decrete una amnistía inmediata”, lo que cerraría cualquier posibilidad a un juicio amañado.
Cómo entender la necesidad de ejercer presión a un gobierno popular para que resuelva una situación que involucra a seguidores del mismo Morales, preguntamos de inmediato. “No se trata de falta de voluntad política de Evo. El problema es que él tiene a su alrededor, todavía, funcionarios que no están tan decididos en resolver este tema”.
Y para asegurar esa solución es esencial la solidaridad tanto interna como externa, enfatiza. Muchas organizaciones internacionales se ha pronunciado a favor de nuestra situación…eso es un paso importante hacia adelante”, explica Cortés evaluando la activa campaña por su liberación y la de sus colegas. “Ha sido determinante la gran solidaridad de Vía Campesina con nosotros”, enfatiza.
Fue ya en el 2004 que esa red internacional envió una delegación de alto nivel a Bolivia para presionar a las autoridades a favor de los dirigentes campesinos encarcelados. Sin embargo los procesos jurídicos de esencia política suelen ser largos y no siempre simples. “No podemos darnos por vencidos. La lucha de los movimientos sociales continúa. Incluso contra todos los intentos de ser penalizados y criminalizados. ¡Qué gran paradoja: quien nos acusó fue el gobierno de Sánchez de Lozada. Y luego él huyó a Estados Unidos. Huye de la justicia. De esta forma no responde ni por nuestro juicio amañado – que es irracional- ni por las múltiples acusaciones que caen contra él”, concluye Cortés.-
Solidaridad suiza
A fines de mayo, varias organizaciones sociales helvéticas, entre ellas el sindicato de los medios de comunicación Comedia y la red anti-OMC, suscribieron una carta colectiva dirigida al nuevo presidente boliviano. Dicha misiva solicita a Evo Morales que conceda inmediatamente la amnistía al dirigente campesino colombiano Francisco “Pacho” Cortés, a sus colegas bolivianos Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda, así como a los otros 14 inculpados en el mismo proceso jurídico. La carta denuncia las repetidas irregularidades durante la detención y el proceso jurídico en marcha. Y considera que esta causa contra dirigentes campesinos y sindicales busca penalizar, sancionar y criminalizar a los movimientos sociales. Para los otros signatarios la solidaridad activa se impone. En caso que Evo Morales no decrete una amnistía, dichos dirigentes podrían ser condenados en julio sobre bases jurídicas falsas y en un proceso legal nulo (Sergio Ferrari)
